En una medida que ha dejado perpleja a la comunidad médica internacional, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció este martes la retirada oficial de las vacunas contra la COVID-19 del calendario de inmunización para niños y mujeres embarazadas. El anuncio, realizado a través de un vídeo en la red social X (antes Twitter), fue acompañado por una frase rotunda: “Es sentido común y es buena ciencia”.
La noticia ha causado un terremoto en el ámbito sanitario y político del país. No sólo por el fondo de la decisión, sino por la forma en que se ha llevado a cabo. Tal como recogió la periodista Helen Branswell en STAT News, Kennedy actuó de forma unilateral, sin consultar al comité asesor del propio Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), conocido como ACIP, ni seguir el procedimiento habitual.
Para muchos expertos, lo ocurrido no es sólo una anomalía burocrática: es una ruptura del protocolo que pone en riesgo la salud pública.
Un anuncio sin precedentes y sin respaldo técnico
En el vídeo del anuncio no apareció nadie del CDC. Tampoco hubo mención a los estudios clínicos, a los datos de efectividad ni a la evidencia acumulada durante los últimos cuatro años. En su lugar, Kennedy estuvo flanqueado por Jay Bhattacharya y Marty Makary, dos figuras polémicas por sus posturas escépticas hacia las políticas sanitarias implementadas durante la pandemia.
La reacción de la comunidad científica fue inmediata. “Ha sobrepasado sus funciones”, declaró Kathryn Edwards, experta en vacunas y exmiembro del ACIP. La profesora de derecho sanitario Dorit Reiss fue más allá: advirtió que, al no seguir el procedimiento establecido, la medida podría ser legalmente impugnada.
Pero más allá de la legalidad, lo que preocupa es el impacto sanitario. La retirada de estas vacunas del calendario oficial podría implicar que muchos seguros dejen de cubrirlas. En la práctica, eso significaría una barrera económica para miles de familias y un retroceso en los niveles de cobertura.
¿Por qué importa tanto esta recomendación?
Vacunar durante el embarazo salva vidas. Esta no es una frase ideológica, sino una conclusión respaldada por metaanálisis, estudios observacionales y ensayos clínicos en decenas de países. La COVID-19 representa un riesgo desproporcionado para las mujeres embarazadas: se ha demostrado que tienen cinco veces más probabilidades de ingresar en cuidados intensivos y 22 veces más riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el virus en comparación con mujeres no embarazadas.
Además, la vacunación materna no solo protege a la madre. Investigaciones publicadas en Morbidity and Mortality Weekly Report han mostrado que los anticuerpos generados por las vacunas pueden atravesar la placenta y proteger al recién nacido durante los primeros meses de vida. En bebés menores de seis meses, la vacunación materna redujo el riesgo de hospitalización por COVID-19 en un 61%.
En algunos estudios, como los realizados en Ontario (Canadá), dos dosis de vacuna administradas durante el embarazo ofrecieron una protección del 97% frente a hospitalizaciones infantiles durante la ola de la variante Delta. Incluso frente a Ómicron, la protección se mantuvo en un 53%.
¿Y qué hay de los niños?
Uno de los argumentos más repetidos por los escépticos es que “los niños apenas sufren complicaciones por COVID-19”. Pero esta afirmación no refleja del todo la realidad. Durante los primeros años de la pandemia, la COVID-19 se coló entre las diez principales causas de muerte infantil en Estados Unidos. En el periodo de septiembre de 2023 a agosto de 2024, al menos 152 niños murieron por complicaciones del virus, según datos provisionales del CDC.
Casi la mitad de estos niños no presentaban condiciones de salud previas. Es decir: eran niños sanos.
La COVID-19 también ha desencadenado casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y se ha asociado con síntomas persistentes de larga duración, conocidos como long COVID. De hecho, un estudio entre 2021 y 2023 en cuatro estados de EE. UU. concluyó que la vacunación reducía el riesgo de desarrollar síntomas múltiples prolongados en un 73%.
Frente a estos riesgos, los efectos adversos de la vacuna son excepcionalmente bajos. La miocarditis, señalada con frecuencia como un posible efecto secundario en adolescentes varones, ha demostrado ser rara y mayoritariamente leve. La vigilancia activa mediante sistemas como VAERS o Vaccine Safety Datalink no ha detectado aumentos significativos de complicaciones graves tras la vacunación infantil.
La ciencia frente al discurso político
El anuncio de Robert F. Kennedy Jr. no sorprende del todo. Hijo del histórico senador demócrata, Kennedy ha cultivado durante años un perfil mediático como activista antivacunas, con posiciones que han sido duramente criticadas por la comunidad científica. Desde su llegada al Departamento de Salud, ha prometido “reformar desde dentro” las instituciones sanitarias y ha propuesto eliminar lo que considera “excesos del Estado”.
Sin embargo, la supresión de las vacunas COVID del calendario pediátrico y prenatal no parece una mera reforma: es, según múltiples expertos, un retroceso sanitario basado más en una visión ideológica que en la evidencia.
La ironía es que, en la misma semana del anuncio, la FDA (dirigida también por un cercano aliado político, Vinay Prasad) publicó un artículo en The New England Journal of Medicine en el que se reconocía que las personas embarazadas deberían seguir siendo consideradas grupo prioritario para la vacunación.
Consecuencias en cadena: desinformación, confusión y riesgo
La retirada de una vacuna del calendario oficial no es solo un gesto simbólico. Tiene consecuencias reales: reduce la percepción de necesidad, introduce dudas entre los profesionales sanitarios y siembra la confusión entre las familias. Muchos pediatras podrían dudar si aplicar la vacuna está permitido. Algunos centros podrían dejar de ofrecerla. Y miles de padres, desorientados, podrían optar por no vacunar.
Esto ya ha sucedido con otras vacunas, como la del VPH en países donde campañas de desinformación redujeron la cobertura en cuestión de meses, generando brotes de enfermedades prevenibles.
“En salud pública, las omisiones también matan”, afirmaba hace poco un editorial de la revista The Lancet. Y la frase cobra hoy una nueva dimensión.
Un mensaje claro desde la ciencia
La comunidad médica, lejos de dividirse, ha cerrado filas. Obstetras, pediatras, epidemiólogos y expertos en salud pública coinciden: eliminar la vacunación contra la COVID-19 para embarazadas y niños sanos no solo es injustificado, es peligroso.
La Organización Mundial de la Salud sigue recomendando refuerzos para embarazadas. Las principales asociaciones pediátricas estadounidenses insisten en mantener la vacunación infantil. Y los datos —esos que no aparecieron en el vídeo del anuncio— siguen mostrando que vacunarse protege, salva vidas y reduce complicaciones, incluso cuando el virus ya no ocupa las portadas.
Robert F. Kennedy Jr. cierra su mensaje con la promesa de “hacer a América saludable de nuevo”. Pero la salud no se decreta con lemas. Se construye con ciencia, confianza y responsabilidad.
Y en este caso, la ciencia habla con voz clara: desmantelar las recomendaciones vacunales es un error que se puede pagar muy caro.
