La sacudida ha sido tan rápida como estruendosa. El pasado lunes, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., destituyó en bloque a los 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), el órgano técnico que asesora a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el uso de vacunas. Lo hizo por sorpresa, sin previo aviso, con un correo electrónico sin firmas que puso fin de inmediato a sus funciones. Y lo anunció él mismo en un artículo de opinión en The Wall Street Journal, con un mensaje rotundo: “Es necesaria una limpieza para restablecer la confianza pública en la ciencia de las vacunas”.
La nota, firmada personalmente por Kennedy, dibuja una escena sombría sobre el estado actual de los organismos reguladores. Según el secretario, el comité habría estado lastrado durante años por “conflictos de interés persistentes”, una falta de transparencia crónica y una supuesta actitud acrítica que lo convertía, en sus palabras, en un “estampasellos” de la industria farmacéutica. “Nunca ha rechazado una vacuna, ni siquiera aquellas que luego fueron retiradas por problemas de seguridad”, afirmó Kennedy.
A su vez, una nota publicada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), afirma que hoy dan “prioridad al restablecimiento de la confianza del público por encima de cualquier programa específico a favor o en contra de las vacunas”. Y siguen: “El público debe saber que la ciencia imparcial, evaluada a través de un proceso transparente y aislada de conflictos de interés guía las recomendaciones de nuestra salud”.
La medida ha levantado una polvareda política y científica sin precedentes desde la era Trump. Aunque el ACIP tiene un papel meramente consultivo —sus recomendaciones deben ser ratificadas por el director del CDC o el secretario del HHS para entrar en vigor—, sus decisiones son seguidas por pediatras, aseguradoras y gobiernos estatales. Para millones de padres y médicos, constituye la referencia fundamental sobre qué vacunas son seguras y cuándo deben administrarse.
Una decisión ideológica y calculada
La purga del comité no puede entenderse sin considerar el historial del propio Kennedy. Famoso por sus posturas escépticas hacia las vacunas —ha vinculado repetidamente las vacunas infantiles con el autismo, a pesar de décadas de evidencia científica en contra—, Kennedy ha construido una carrera mediática alrededor de la idea de que las farmacéuticas manipulan la ciencia y controlan a los organismos reguladores. En su opinión, lo que está en juego no es solo la seguridad de una vacuna concreta, sino la integridad del sistema entero.
Y esa visión ha permeado su gestión al frente del Departamento de Salud. En su artículo en el WSJ, Kennedy asegura que su objetivo no es promover una agenda “pro” o “antivacunas”, sino limpiar el proceso de recomendaciones de cualquier sesgo o interés oculto. “El público debe saber que las decisiones que afectan a su salud están basadas en ciencia imparcial, evaluada a través de un proceso transparente y libre de presiones económicas”, escribió.
Pero lo cierto es que el anuncio ha generado un enorme escepticismo entre los expertos. No solo por el fondo del asunto, sino también por las formas. “Esto no es una revisión técnica. Es una operación política”, señaló Michael Osterholm, director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Acabamos de demostrar que la política va a imponerse a la ciencia en esta administración”.
La comunidad médica no ha tardado en reaccionar. Bruce Scott, presidente de la Asociación Médica Estadounidense, calificó la medida como “una decisión que socava la confianza y pone en riesgo un proceso transparente que ha salvado incontables vidas”. Georges Benjamin, director de la Asociación Americana de Salud Pública, fue aún más lejos y habló de un “golpe de Estado sanitario”. “Esto no es lo que uno espera en una democracia. Es una forma de gobierno por decreto que mina décadas de trabajo científico”.
Conflictos cruzados
Los nuevos miembros del comité aún no han sido revelados, pero se ha confirmado que el grupo se reunirá a finales de junio, lo que sugiere que los sustitutos ya han sido seleccionados.
Aquí es donde se abre un nuevo frente: ¿quiénes serán los elegidos para ocupar los 17 asientos vacíos? Kennedy ha prometido que ninguno de ellos tendrá vínculos directos con la industria farmacéutica. Pero los críticos temen que el nuevo comité esté compuesto por figuras alineadas con el llamado “movimiento por la libertad médica”, que aboga por eliminar los mandatos de vacunación y desconfía sistemáticamente de la medicina convencional.
No se trata solo de ideología, sino de consecuencias prácticas. “Muchos proveedores dejarán de seguir el calendario vacunal del CDC”, advirtió uno de los miembros destituidos en declaraciones bajo anonimato. “El CDC ha perdido credibilidad en el espacio de la vacunación. Esto introduce mucha incertidumbre en el cuidado de niños y adultos”.
Además, la decisión contradice los compromisos que el propio Kennedy había adquirido durante su audiencia de confirmación ante el Senado. Entonces prometió que no intervendría en el funcionamiento del ACIP ni modificaría el proceso de aprobación de vacunas. Ahora, el senador Bill Cassidy, que presidió aquella audiencia, ha expresado su preocupación: “Claro, ahora el temor es que el ACIP se llene de personas que no saben nada de vacunas, salvo sospechas. Acabo de hablar con el secretario Kennedy y seguiré hablando con él para asegurarme de que no sea así”.
¿Restaurar la confianza o dinamitar el consenso?
En el corazón del debate está una pregunta clave: ¿puede la confianza pública en la vacunación reforzarse desmantelando los órganos científicos que la sustentan?
Para Kennedy, la respuesta es sí. Considera que la confianza se ha erosionado precisamente porque los ciudadanos sospechan que las recomendaciones no son imparciales. Desde su perspectiva, un comité reconfigurado desde cero, sin vínculos con la industria, podría devolver al público la fe en el proceso.
Pero para muchos epidemiólogos y médicos, el remedio es peor que la enfermedad. Temen que, al sustituir la experiencia técnica por una mirada ideológica, lo que se logre no sea una mayor transparencia, sino un caos en las políticas de vacunación. “Esta decisión podría alimentar aún más la propagación de enfermedades prevenibles”, alertó el doctor Scott, en un momento en que Estados Unidos enfrenta un brote activo de sarampión y una preocupante caída en las tasas de vacunación infantil.
El tiempo dirá si la apuesta de Kennedy resulta en una regeneración institucional o en una grieta irreparable entre ciencia y política. Por ahora, la comunidad científica observa con preocupación una jugada que podría marcar un antes y un después en la historia sanitaria de Estados Unidos. Y es que, en palabras de Michael Osterholm, “me asusta pensar en lo que nos espera”.
