Funcionarios de Trump planean vincular vacunas COVID-19 con muertes infantiles, basándose en un sistema de notificación sin pruebas de causalidad y con serias limitaciones, pese a la evidencia científica en contra

En un movimiento que ha encendido las alarmas entre científicos y expertos en salud pública, altos funcionarios sanitarios de la administración Trump están valorando una posible relación entre las vacunas contra la COVID-19 y la muerte de 25 menores en Estados Unidos. Esta nueva postura, que podría desembocar en la restricción de las recomendaciones oficiales para la vacunación infantil, ha sido desvelada en exclusiva por The Washington Post, un medio que ha accedido a información confidencial y a fuentes cercanas al proceso de revisión.

La cuestión no es menor: la decisión podría afectar no solo al acceso gratuito a las vacunas para niños, sino también a su disponibilidad en farmacias y centros de salud. Y sobre todo, puede tener consecuencias en la percepción pública de la seguridad de estas vacunas, especialmente entre los sectores más vulnerables a los discursos de desinformación.

Una revisión basada en un sistema de notificación con importantes limitaciones

El posible vínculo entre las vacunas y las muertes de menores se apoya en datos del sistema VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), una base de datos pública estadounidense donde se registran efectos adversos tras la vacunación. Sin embargo, esta herramienta —abierta a cualquier persona, desde médicos hasta ciudadanos sin formación médica— no está diseñada para establecer causalidades, sino únicamente para detectar posibles señales que requieren investigación posterior.

En otras palabras: que una muerte aparezca en VAERS después de una vacunación no significa que haya sido causada por la vacuna. Determinar una relación directa exige estudios clínicos rigurosos, análisis forenses y pruebas sólidas que, por el momento, no se han presentado.

¿Cambio de paradigma o decisión política?

El posible informe que se presentaría ante el comité asesor de vacunas de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) ha encendido las alarmas dentro del propio organismo. Científicos de carrera, con décadas de experiencia en salud pública, han manifestado su preocupación ante lo que consideran un uso sesgado o prematuro de los datos disponibles. Según la información del Washington Post, la presentación incluiría datos sobre autopsias e intentos de entrevistar a las familias afectadas.

La tensión se agrava al conocerse que el actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha sustituido a varios miembros del comité asesor y ha colocado en su lugar a perfiles críticos con la vacunación infantil, lo que refuerza la percepción de una orientación ideológica en las decisiones técnicas. Kennedy, conocido por su postura contraria a las vacunas durante años, ya había ordenado en mayo dejar de recomendar la vacuna contra la COVID a niños sanos.

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La ciencia frente a la narrativa del miedo

Desde el inicio de la pandemia, la seguridad de las vacunas de ARN mensajero ha sido objeto de exhaustiva vigilancia a nivel mundial. Estudios realizados en Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá han coincidido en que los beneficios superan ampliamente los riesgos, incluso en la población infantil. Las cifras respaldan esta afirmación: más de 14 mil millones de dosis han sido administradas en todo el mundo, sin que hayan emergido nuevas señales de alerta que justifiquen una revisión radical de las recomendaciones.

Además, los propios CDC presentaron este verano datos que muestran que, desde julio de 2023, al menos 25 menores han fallecido tras hospitalizaciones relacionadas con COVID-19, una cifra probablemente subestimada. Ninguno de los 16 niños que tenían edad suficiente para vacunarse estaba al día con sus dosis. Esto sugiere que, más que representar un peligro, las vacunas podrían haber ofrecido una protección crucial.

En paralelo, nuevas investigaciones sobre los efectos prolongados del COVID-19 en niños apuntan a que el riesgo de «COVID persistente» no es insignificante, lo que refuerza la necesidad de contar con herramientas preventivas eficaces.

En muchos países, la vacunación anual contra la COVID-19 en niños sanos no forma parte de las recomendaciones oficiales, ya que las estadísticas muestran que los menores rara vez fallecen a causa del virus y, en la mayoría de los casos, sus síntomas son leves. Sin embargo, en Estados Unidos las autoridades sanitarias han defendido una estrategia más amplia. Argumentan que los bebés y los niños pequeños tienen una mayor probabilidad de requerir hospitalización en caso de infección y que, sorprendentemente, una parte considerable de estos ingresos corresponde a menores sin condiciones médicas previas. Además, sostienen que la vacunación contribuye a reducir el riesgo de desarrollar síntomas prolongados, también conocidos como COVID persistente, en la población infantil.

¿Qué cambiaría si se aprueban las nuevas recomendaciones?

El comité asesor debatirá varias propuestas en su próxima reunión. Entre ellas, la opción de recomendar la vacuna solo para personas mayores de 75 años, y otra más restrictiva que excluiría de las recomendaciones a las personas sanas menores de 75, incluidos los niños. Otra posibilidad sería recomendarla solo bajo criterio médico individual.

El alcance de esta decisión va mucho más allá de lo simbólico: las recomendaciones del comité son las que determinan si los seguros cubren el coste de las vacunas, si las farmacias pueden administrarlas y si los médicos tienen respaldo legal y técnico para ofrecerlas.

En este contexto, reducir o retirar la recomendación oficial para niños podría traducirse en una caída drástica en las tasas de vacunación infantil. Y si bien muchos países no aplican una vacunación masiva contra la COVID en menores sanos, Estados Unidos se ha mantenido hasta ahora como un país que apuesta por una cobertura más amplia, en parte por su sistema sanitario y en parte por razones epidemiológicas.

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El debate que se avecina: ciencia versus política

Este giro en la política de vacunación pone de manifiesto una tensión cada vez más evidente entre la evidencia científica y las decisiones políticas. Mientras científicos de universidades, hospitales y centros de investigación insisten en que no hay pruebas suficientes para establecer una relación directa entre las vacunas y las muertes notificadas, funcionarios de alto nivel parecen decididos a plantear el debate en público.

Desde la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), que ya ha aprobado las vacunas para personas mayores de 65 años, se insiste en que cualquier recomendación adicional se basará exclusivamente en «la mejor ciencia disponible». Sin embargo, la desconfianza se ha instalado, especialmente tras la purga del comité de expertos y los nombramientos ideológicamente alineados con el escepticismo hacia las vacunas.

Sin embargo, expertos en salud pública, pediatras y organizaciones médicas como la Academia Americana de Pediatría han salido en defensa de las vacunas, recordando que la vacunación es una herramienta clave no solo para proteger al individuo, sino para frenar la transmisión comunitaria del virus.

Además, destacan que el exceso de precaución, si se basa en evidencias débiles, puede ser contraproducente: sembrar dudas infundadas podría alimentar movimientos antivacunas y provocar un repunte de hospitalizaciones y muertes evitables.

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¿Y ahora qué?

Todo dependerá de lo que ocurra la próxima semana en la reunión del comité asesor de los CDC. Allí se definirá si Estados Unidos mantiene su estrategia actual o si da un paso atrás que podría marcar un precedente global. Sea cual sea la decisión, lo cierto es que el debate sobre las vacunas, lejos de cerrarse, vuelve con fuerza en un momento en el que muchos pensaban que ya estaba superado.

La ciencia ya ha hablado. La pregunta ahora es si será escuchada.