El cambio climático es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Los efectos del aumento de la temperatura global, como el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, las sequías, las inundaciones, los incendios, las hambrunas y las enfermedades, ponen en riesgo la supervivencia de millones de personas y la estabilidad de los ecosistemas.
Para evitar que el calentamiento global supere los 1,5°C respecto a los niveles preindustriales, límite establecido por el Acuerdo de París de 2016 para prevenir los peores escenarios, es necesario reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO₂), que se produce por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón.
Sin embargo, un reciente estudio revela que, lejos de disminuir, las emisiones de CO₂ han aumentado desde la firma del Acuerdo de París, y que la mayor parte de la responsabilidad recae sobre un reducido grupo de 57 empresas productoras de combustibles fósiles y cemento, que están vinculadas al 80% de las emisiones globales de CO₂ desde 2016.
Estas empresas, que incluyen tanto corporaciones estatales como multinacionales privadas, han seguido incrementando su producción y sus beneficios a costa de poner en peligro el futuro del planeta y de sus habitantes.
Según la base de datos Carbon Majors, creada por el investigador Richard Heede en 2013 y actualizada y relanzada esta semana por el centro de estudios InfluenceMap, estas 57 empresas han emitido más de 35 gigatoneladas de CO₂ en los últimos siete años, lo que equivale al 14% de todas las emisiones históricas desde el inicio de la era industrial.
La empresa que más ha contribuido al calentamiento global en este periodo ha sido la estadounidense ExxonMobil, con 3,6 gigatoneladas de CO₂, el 1,4% del total mundial. Le siguen de cerca otras cuatro grandes petroleras: Shell, BP, Chevron y TotalEnergies, cada una de las cuales ha emitido más del 1% del total mundial.
Estas empresas, que operan en los mercados internacionales y tienen su sede en países desarrollados, se enfrentan a una creciente presión social y legal para reducir su impacto ambiental y alinearse con los objetivos del Acuerdo de París. Algunas de ellas han anunciado planes para diversificar sus actividades hacia fuentes de energía más limpias y renovables, como la solar, la eólica o la hidroeléctrica, pero estos planes son insuficientes y tardíos, según los expertos.
Además, muchas de estas empresas siguen invirtiendo en nuevos proyectos de exploración y extracción de combustibles fósiles, lo que contradice las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía, que ha advertido que no se pueden abrir nuevos yacimientos de petróleo y gas si se quiere limitar el calentamiento global a 1,5°C.
Por otro lado, el estudio también muestra el enorme peso de las empresas estatales y de propiedad estatal en las emisiones de CO₂, especialmente en el sector del carbón asiático. La contribución de China a través de la producción de carbón estatal constituye el 14% del total de emisiones históricas de este mineral, una cifra que duplica a la de la extinta Unión Soviética y triplica a la de Arabia Saudita, ocupando estos países el segundo y tercer lugar en este registro, respectivamente.
Estas empresas, que dependen de los gobiernos de sus países, tienen menos incentivos para cambiar su modelo energético, ya que el carbón es una fuente de energía barata y abundante que sustenta el crecimiento económico y el desarrollo social de sus poblaciones. Sin embargo, el carbón es también el combustible fósil que más CO₂ emite por unidad de energía, y su uso tiene graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.
El informe de Carbon Majors pone de manifiesto la urgencia de actuar para frenar las emisiones de CO₂ y cumplir con el Acuerdo de París. Para ello, es necesario que tanto las empresas como los gobiernos asuman su responsabilidad y adopten medidas concretas y ambiciosas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia una economía baja en carbono.
Asimismo, es imprescindible que la sociedad civil ejerza su poder de influencia y presión sobre los actores clave, tanto a través de la movilización social como del consumo responsable. Solo así se podrá evitar que el cambio climático se convierta en una catástrofe irreversible para la humanidad y el planeta.
