La comunidad científica estadounidense vive estos días una agitación inusual. Un informe reciente del Departamento de Energía de Estados Unidos ha encendido las alarmas entre climatólogos, oceanógrafos y juristas especializados en medio ambiente. El documento, elaborado por un reducido grupo de autores que cuestionan el consenso global sobre el cambio climático, sostiene que el calentamiento global tendría un impacto económico “menor de lo que se cree habitualmente”. Para muchos investigadores, esta conclusión no solo contradice la evidencia acumulada durante décadas, sino que podría ser utilizada para desmantelar la principal base legal que obliga al país a regular las emisiones de gases de efecto invernadero.
El punto crítico está en el llamado “endangerment finding” (dictamen de peligro, por su traducción en español) de 2009, una resolución de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos que, basándose en estudios científicos de entonces, determinó que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero representan un riesgo real para la salud y el bienestar de la población. Esa decisión, respaldada por el Tribunal Supremo en 2007, sirvió de fundamento legal para establecer límites a las emisiones de vehículos, centrales eléctricas e industrias. Hoy, el informe del Departamento de Energía podría convertirse en la pieza clave de un intento de revocar esa resolución histórica.
Un documento con gran carga política
La controversia no surge solo del contenido del informe, sino también de su contexto. Los cinco autores que lo firman han expresado en el pasado posiciones críticas con las proyecciones climáticas más extendidas y con las políticas de mitigación. Según fuentes del propio Departamento de Energía, fueron seleccionados directamente por el secretario del ramo, un exejecutivo del sector petrolero. El proceso de revisión previa se realizó de manera interna, y ahora el texto ha sido abierto a comentarios públicos hasta principios de septiembre.
Entre los argumentos que han despertado mayor indignación está la insistencia en efectos “positivos” del aumento de dióxido de carbono, como el estímulo al crecimiento de ciertas plantas por fertilización. Aunque este fenómeno es real y estudiado, expertos advierten que su impacto es pequeño en comparación con el daño que provoca el cambio climático en ecosistemas y cultivos. Otros apartados del informe omiten evidencias sólidas sobre el aumento del nivel del mar, la acidificación oceánica o la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos.
Incluso se acusa a sus autores de interpretar de forma errónea estudios recientes para respaldar sus tesis. Investigadores cuyos trabajos han sido citados denuncian que las conclusiones de sus propios artículos han sido tergiversadas.
Preparando un escenario judicial
Lo que está en juego va más allá de un debate académico. Juristas especializados en derecho ambiental consideran que este informe podría convertirse en una pieza clave si la EPA decide finalmente revocar la resolución. Tal decisión sería previsiblemente impugnada ante los tribunales y, según apuntan varios analistas, podría llegar de nuevo al Tribunal Supremo, donde la actual mayoría conservadora podría inclinar la balanza.
En ese escenario, el informe del Departamento de Energía sería confrontado con el vasto cuerpo de evidencias reunidas por la comunidad científica internacional, incluyendo las evaluaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). No obstante, los expertos advierten de que en un juicio de este tipo los jueces no entran a dirimir qué grupo de científicos tiene razón, sino si existe “suficiente evidencia” para justificar una determinada decisión de una agencia gubernamental.
Un movimiento estratégico y calculado
Para varios climatólogos, el informe no es un simple ejercicio académico: es una maniobra cuidadosamente diseñada para debilitar el peso de la ciencia en las políticas públicas. El momento de su publicación, pocos meses antes de que expire el plazo para comentarios públicos, no parece casual. Tampoco la composición del equipo de autores, ni el tono de sus conclusiones, que minimizan los riesgos y resaltan las incertidumbres como si fueran vacíos insalvables en el conocimiento.
En este sentido, la respuesta de la comunidad científica no se ha hecho esperar. Universidades, centros de investigación y asociaciones profesionales están preparando réplicas técnicas que desmonten, punto por punto, las afirmaciones más polémicas del informe. No se trata solo de defender la validez de los modelos y datos existentes, sino de evitar que un documento cuestionado se convierta en una herramienta para revertir más de una década de avances regulatorios.
El trasfondo: ciencia, política y percepción pública
La lucha en torno a este informe es también una batalla por el relato. Mientras la gran mayoría de estudios proyecta consecuencias cada vez más graves para la economía, la salud y los ecosistemas si no se reducen drásticamente las emisiones, este texto oficial ofrece una narrativa opuesta: la de un cambio climático manejable, incluso con ciertos beneficios marginales.
Esa narrativa, advierten los expertos, puede calar en una parte de la opinión pública cansada de mensajes de urgencia o escéptica frente a regulaciones más estrictas. En un año de elecciones presidenciales, el uso político de este tipo de documentos se vuelve todavía más relevante.
Si la resolución se revocara en Estados Unidos, las consecuencias serían profundas. La EPA perdería su principal fundamento legal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio. Aunque otros marcos regulatorios podrían suplir parcialmente ese vacío, el retroceso en la capacidad de acción sería significativo. Además, abriría la puerta a que otras agencias y países conserven o adopten interpretaciones más laxas, debilitando los compromisos internacionales de reducción de emisiones.
Al mismo tiempo, la controversia reaviva un debate más amplio: el papel de la ciencia en la toma de decisiones políticas. ¿Debe el consenso científico ser vinculante para las políticas públicas cuando se trata de riesgos globales? ¿O deben las autoridades ponderar, con igual peso, posturas minoritarias aunque estas contradigan décadas de investigación y datos empíricos?
Una carrera contrarreloj
En las próximas semanas, investigadores y juristas intentarán colocar en el registro público análisis críticos que queden como parte del expediente oficial. Saben que este material podría ser determinante si la disputa termina en el Supremo. Mientras tanto, la ciudadanía tiene la posibilidad de enviar comentarios, aunque el impacto real de estas aportaciones en la versión final del informe es incierto.
La batalla sobre este documento es, en el fondo, un episodio más de un pulso mucho más amplio: el de cómo afrontará Estados Unidos la crisis climática en los próximos años y si las decisiones se basarán en la abrumadora evidencia científica o en interpretaciones que favorezcan intereses económicos y políticos inmediatos.
