En medio de la mayor crisis de confianza en las vacunas en décadas, dos congresistas estadounidenses han decidido pasar a la acción con una propuesta legislativa sin precedentes que busca blindar las políticas públicas de inmunización frente a presiones políticas y teorías conspirativas. La iniciativa, bautizada como Family Vaccine Protection Act, llega en respuesta directa a la deriva negacionista del actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y ha encendido las alarmas entre científicos, médicos y defensores de la salud pública en todo el país.
La propuesta, presentada por Frank Pallone Jr. y Kim Schrier, M.D., pretende garantizar que las decisiones sobre vacunación en Estados Unidos se basen exclusivamente en evidencia científica, manteniendo a salvo a los niños, las mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables de decisiones motivadas por ideologías o intereses políticos.
La nota de prensa oficial —publicada hoy por el Comité de Energía y Comercio— no deja lugar a dudas: los legisladores quieren frenar lo que consideran un “asalto frontal a la ciencia” por parte del secretario Kennedy, cuyas recientes decisiones han generado una ola de preocupación entre los expertos.
La situación no es menor. En apenas unos meses, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), bajo el mando de RFK Jr., ha revocado varias recomendaciones clave de vacunación, ignorando incluso las decisiones unánimes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP). Este organismo independiente, compuesto por científicos, epidemiólogos y médicos de reconocido prestigio, había aprobado recientemente nuevas recomendaciones sobre vacunas contra el virus respiratorio sincitial (RSV) y la meningitis. La respuesta del secretario fue ignorarlas.
Lo que está en juego no es solo una serie de decisiones técnicas, sino la integridad de todo el sistema de salud pública estadounidense. El ACIP lleva más de seis décadas sirviendo como referente científico en la toma de decisiones sobre vacunación. Convertir sus recomendaciones en papel mojado equivale, según los expertos, a desmantelar uno de los pilares del progreso médico en el país.
Este nuevo proyecto busca revertir esta situación estableciendo en la ley la estructura, funciones y autoridad del ACIP. Entre otros puntos, obligaría al secretario de Salud a adoptar sus recomendaciones siempre que estén respaldadas por una mayoría de evidencia científica. Y si decide no hacerlo, deberá justificar públicamente su decisión con base en estudios revisados por pares. En otras palabras: se acabaron las decisiones arbitrarias y opacas.
Pero esta legislación no llega en el vacío. Se suma a un movimiento más amplio dentro de la comunidad científica y médica para frenar la desinformación antivacunas, un fenómeno que ha ganado fuerza en los últimos años gracias a las redes sociales, el descrédito institucional y, sobre todo, a figuras públicas que difunden teorías infundadas. Uno de los ejemplos más recientes es la creación de Vaccine Integrity Project (VIP), impulsado desde la Universidad de Minnesota, un proyecto independiente que busca monitorear la calidad científica de las políticas de vacunación y actuar como contrapeso frente a decisiones polémicas.
Ambas iniciativas —una desde el Congreso y otra desde la academia— reflejan la magnitud del problema: la vacunación, antes un consenso básico de salud pública, se ha convertido en un campo de batalla ideológico.
Y es que la situación es tan crítica que Estados Unidos ha empezado a registrar brotes de enfermedades que se creían erradicadas, como el sarampión o la tos ferina. Algunos estados han caído por debajo del umbral de inmunidad colectiva, lo que pone en riesgo no solo a quienes deciden no vacunarse, sino también a quienes no pueden hacerlo por razones médicas.
Family Vaccine Protection Act también establece mecanismos de transparencia y participación pública. Obliga a que cualquier modificación en las recomendaciones de vacunación sea publicada con detalle, incluyendo los argumentos científicos que la sustentan. Además, protege programas clave como Vaccines for Children, que garantiza el acceso gratuito a vacunas para familias de bajos ingresos, un objetivo especialmente relevante en un país donde el sistema de salud sigue siendo desigual.
Pero quizás el mayor logro de esta propuesta es simbólico: es un mensaje claro de que la ciencia no está sola. Que, pese a los ataques, aún hay espacios dentro del poder legislativo dispuestos a defender la medicina basada en evidencia. Y que los bulos, por virales que sean, no tienen cabida en la elaboración de políticas públicas.
Por ahora, el futuro de la ley dependerá del apoyo que consiga dentro del Congreso. Pero su presentación ya ha marcado un hito. Se trata del primer intento serio por parte de los legisladores de Estados Unidos de legislar contra la desinformación antivacunas desde las instituciones, con nombres y apellidos. Y si prospera, podría convertirse en un modelo a seguir en otros países que enfrentan desafíos similares.
En definitiva, la batalla por las vacunas ha salido del laboratorio para librarse en el Congreso, en los medios y en las redes sociales. Lo que está en juego no es solo la salud de una generación, sino el futuro mismo de la ciencia en la toma de decisiones públicas.
