Durante generaciones, la imagen más repetida de la Revolución Francesa ha sido la de una multitud enfurecida asaltando la Bastilla el 14 de julio de 1789. Hombres armados con mosquetes improvisados, mujeres clamando pan, soldados vacilando entre la obediencia y la insurrección. La escena es poderosa, casi cinematográfica. Sin embargo, la historia rara vez se explica por un solo día. La caída de la Bastilla fue el estallido visible de una crisis que llevaba tiempo gestándose bajo la superficie.
En realidad, cuando los parisinos se dirigieron hacia aquella fortaleza-prisión, el edificio apenas albergaba a unos pocos reclusos. No era tanto su función penitenciaria lo que despertaba el odio popular, sino lo que simbolizaba: el poder arbitrario de la monarquía absoluta, capaz de encarcelar mediante una simple orden real. La Bastilla era un recordatorio físico de que el rey podía actuar al margen de cualquier control efectivo.
Pero si el 14 de julio se convirtió en mito fundacional, el verdadero inicio del terremoto político había tenido lugar semanas antes, lejos de las calles de París y más cerca de los salones de Versalles. Allí, la convocatoria de una asamblea que no se reunía desde hacía más de siglo y medio abrió una grieta imposible de cerrar.
Cuando Luis XVI decidió convocar los Estados Generales en mayo de 1789, lo hizo empujado por una urgencia financiera asfixiante. Francia estaba prácticamente en bancarrota. Las guerras del siglo XVIII —desde la Guerra de los Siete Años hasta el decisivo apoyo a la independencia de Estados Unidos— habían vaciado las arcas del Estado. El sistema fiscal era ineficaz y profundamente injusto: nobles y clérigos gozaban de amplias exenciones, mientras el peso de los impuestos recaía de manera desproporcionada sobre campesinos, artesanos y burgueses.
La monarquía había intentado reformar el sistema en varias ocasiones. Ministros reformistas propusieron medidas para racionalizar la recaudación y hacer contribuir a los privilegiados. Pero cada intento chocó con la resistencia de las élites tradicionales, que defendían sus prerrogativas con uñas y dientes. Sin respaldo político suficiente, las reformas naufragaron.
Convocar los Estados Generales era, en apariencia, una solución lógica. Reunir a representantes de los tres estamentos —clero, nobleza y tercer estado— para debatir una salida a la crisis. Sin embargo, aquella decisión encerraba un riesgo enorme. Desde 1614 no se celebraba una reunión de este tipo. En el intervalo, Francia había cambiado profundamente. La población había crecido, la economía se había transformado y las ideas circulaban con una intensidad desconocida en el pasado.
El problema estalló casi de inmediato: ¿cómo debían votarse las decisiones? Si cada estamento disponía de un solo voto colectivo, clero y nobleza podían imponerse sistemáticamente al tercer estado, que representaba a más del 90% de la población. Los diputados del tercer estado no estaban dispuestos a aceptar ese mecanismo. Exigían voto por cabeza, no por orden. Lo que parecía un debate técnico se convirtió en un pulso político de consecuencias históricas.
El 17 de junio de 1789, los representantes del tercer estado dieron un paso decisivo. Se declararon Asamblea Nacional, afirmando que ellos representaban a la nación en su conjunto. Era una afirmación radical: la soberanía ya no residía exclusivamente en el monarca, sino en la nación.
Tres días después, al encontrar cerrada la sala donde debían reunirse, los diputados se trasladaron a una cancha de juego de pelota cercana y juraron no disolverse hasta dotar a Francia de una constitución. El llamado Juramento del Juego de Pelota simbolizó la ruptura entre el viejo orden y un nuevo horizonte político basado en la representación nacional.
Luis XVI vaciló. Su carácter no era el de un monarca autoritario al estilo de su bisabuelo Luis XIV, pero tampoco el de un reformador decidido capaz de liderar el cambio. Osciló entre concesiones y gestos de firmeza. Ordenó concentrar tropas en los alrededores de París y destituyó a un ministro popular, generando la impresión de que preparaba una represión.
En la capital, donde el precio del pan se había disparado y el desempleo crecía, la tensión se volvió insoportable. El hambre y el miedo son combustibles potentes. Cuando comenzaron a circular rumores sobre una inminente intervención militar contra la Asamblea y contra la población, muchos parisinos optaron por armarse.
La búsqueda de pólvora y armas condujo inevitablemente a la Bastilla. Su caída no fue solo un acto de violencia urbana; fue la señal de que el poder real había perdido el control de la situación. El rey tuvo que retroceder, readmitir a su ministro y retirar tropas. Pero el proceso ya no tenía marcha atrás.
Reducir el estallido revolucionario a una simple crisis de subsistencia sería simplificar demasiado. Es cierto que el encarecimiento del pan fue un detonante inmediato. Francia dependía fuertemente de las cosechas, y los años previos a 1789 habían sido difíciles. Pero la insatisfacción tenía raíces más profundas.
El sistema político francés se basaba en una monarquía que concentraba amplios poderes. Aunque existían tribunales y cuerpos intermedios, el rey podía imponer decisiones sin una representación nacional permanente. A lo largo del siglo XVIII, esa concentración de autoridad empezó a generar desconfianza. La circulación de ideas ilustradas cuestionaba la arbitrariedad y defendía la necesidad de leyes justas, racionales y universales.
Además, la propia administración real había contribuido a esa percepción de arbitrariedad. Impuestos modificados sin transparencia, decisiones tomadas en el entorno cortesano, privilegios heredados sin justificación clara ante una sociedad en transformación. La monarquía seguía siendo venerada por muchos, pero su aparato gubernamental era visto como opaco e ineficaz.
La burguesía urbana, cada vez más instruida y económicamente activa, se sentía marginada del poder político. Campesinos y trabajadores urbanos soportaban cargas fiscales crecientes. Incluso parte de la nobleza aspiraba a reformas que modernizaran el Estado. La convergencia de intereses descontentos creó una tormenta perfecta.
Tras la caída de la Bastilla, el proceso se aceleró. En el campo, los rumores de conspiraciones aristocráticas desencadenaron el llamado Gran Miedo. Campesinos asaltaron castillos y destruyeron registros feudales. En la Asamblea, los privilegios señoriales fueron abolidos en una noche de agosto que marcó el fin formal del régimen feudal.
Poco después se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que consagraba principios de libertad e igualdad ante la ley. Aquellas palabras no solo transformaron Francia: resonaron en todo el continente y más allá del Atlántico.
Lo que comenzó como una crisis financiera derivó en una revolución política y social de dimensiones globales. La monarquía intentó adaptarse, pero la desconfianza mutua entre el rey y los sectores más radicales fue en aumento. Los acontecimientos posteriores —la huida fallida del monarca, la proclamación de la república, el periodo del Terror— mostrarían que la ruptura de 1789 había abierto una era de experimentación y violencia.
Francia había atravesado otras crisis en el pasado. Guerras costosas, malas cosechas, tensiones sociales. Sin embargo, en 1789 confluyeron varios factores singulares. Por un lado, la difusión de nuevas ideas políticas que otorgaban legitimidad al concepto de soberanía nacional. Por otro, la incapacidad de la monarquía para articular una reforma creíble que conciliara tradición y modernización.
El rey no supo aprovechar su popularidad inicial ni liderar el proceso de cambio. La convocatoria de los Estados Generales, pensada como solución, se convirtió en catalizador. Una vez que el debate público se abrió, las expectativas crecieron rápidamente y las estructuras tradicionales resultaron insuficientes.
La Revolución Francesa no fue un estallido irracional ni un simple motín urbano. Fue el resultado de un sistema que había acumulado tensiones durante décadas. La bancarrota financiera actuó como detonante, pero la pólvora llevaba tiempo almacenándose en el terreno político y social.
Aquel verano de 1789 marcó un antes y un después. No solo para Francia, sino para el mundo moderno. La idea de que la legitimidad política podía emanar de la nación y no exclusivamente de la tradición dinástica se convirtió en uno de los pilares de la contemporaneidad. Y todo comenzó con una asamblea convocada para resolver una crisis presupuestaria.
